Según informó UCE en un comunicado, su portavoz Dacio Alonso calificó la actuación del operador como "abusiva e ilegal" al imponer a sus clientes el cobro de un servicio que ha venido ofreciendo de forma gratuita.

Asimismo, criticó el actual sistema de sanciones en materia de consumo, donde el Instituto Nacional del Consumo (INC) delega sistemáticamente toda la actuación sancionadora en las Comunidades Autónomas, alegando que estas competencias están transferidas.

Además, aseguró que la mayor parte de las sanciones impuestas "compensan a las empresas ya que son muy inferiores a los beneficios que obtienen por prácticas irregulares y abusivas".

Por su parte, la portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explicó que lo que antes era un derecho porque se ofrecía gratuitamente, ahora es una modificación unilateral del contrato por parte de la compañía y por eso, no considera que sea un concepto ilegal".

Asimismo, afirmó que el usuario puede darse de baja, aunque tenga un contrato de permanencia con la compañía, sin tener que pagar ningún cargo al tratarse de una modificación.