La UCE, que considera que el anteproyecto podría ir contra la Constitución, recuerda que las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios pueden actuar, según la ley, "en defensa del interés general de los consumidores y usuarios".

Esta actuación puede requerir en numerosos casos la vía judicial y por ello la organización considera imprescindible el reconocimiento del derecho a la asistencia gratuita.

En opinón de los responsables de la UCE, "si este anteproyecto siguiera su curso, se verían gravemente afectados los derechos de los consumidores y se retrocedería en la consecución de los fines de estas asociaciones".

Por otro lado, el reconocimiento de la función que cumplen las asociaciones de consumidores está recogido en la Constitución española, por lo que el anteproyecto preparado por Justicia podría ir contra ella, según la organización.

La Unión de Consumidores de España considera que el texto econoce únicamente este derecho a las personas físicas que acrediten insuficiencia de recursos para litigar o a las personas físicas que por ley lo tengan reconocido.

Por el contrario, excluye a las asociaciones de consumidores, con lo que la ley "se aparta de la obligación que tienen los poderes públicos en cuanto a la defensa del interés de los consumidores y usuarios y al fomento de sus organizaciones".

Por ello, la UCE entiende que esta medida "es de carácter antisocial, porque cercena gravemnte el derecho a la justicia de los consumidores y usuarios".