Esta red, llamada AC-IMPEL, está compuesta por las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la legislación medioambiental, en cada uno de estos diez países: Hungría, Polonia, la República Checa, Estonia, Eslovenia, Chipre, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, Letonia y Lituania.

"La organización de esta red conleva un principio simple: la ley medioambiental que no se implementa no vale ni el precio del papel en el que está impresa", explicó Ritt Bjerregaard.

AC-IMPEL trabajará muy de cerca con la red EU-IMPEL (basada en el mismo principio, pero que se ocupa de los propios miembros de la UE), que dará apoyo a los candidatos para la aplicación de las leyes en la fase de pre-acceso.

La comisaria concluyó la presentación de la red diciendo que "ya hemos tenidos suficientes discursos verdes tanto en la Unió Europea como en el resto de países y ahora es el momento de poner manos a la obra". Bjerregaard se refirió concretamente al control de las prácticas industriales, urbanas y agrícolas.