Hasta ahora, estos servicios estaban gravados con el tipo normal del IVA, sin que los estados tuvieran libertad para poder aplicar tipos reducidos, al ser el IVA un impuesto armonizado.

A partir de este acuerdo político, los estados miembros de la Unión Europea que así lo deseen tendrán margen de maniobra para establecer tipos reducidos en los servicios de proximidad de atención a las personas con discapacidad, entre otros grupos sociales.

La UE se hace eco así de una demanda del sector español de la discapacidad, representado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que había planteado esta posibilidad en el proceso de consulta abierto por la Comisión Europea sobre la conveniencia de ampliar los tipos reducidos.

Una vez aprobado este acuerdo, el Cermi planteará al Gobierno español, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, la modificación de la Ley del IVA para que esta reducción pueda aplicarse en España a los citados servicios en la presente legislatura.