Esta iniciativa responde a la petición por parte de los Estados miembros de que se adopten sanciones penales para las infracciones medioambientales a escala comunitaria. Cada país decidirá, bajo su propio sistema de Derecho Penal, las sanciones penales que se aplicarán a las violaciones de normas medioambientales comunitarias.

Con esta propuesta, los Estados miembros deberán asegurar que determinadas ctividades actualmente prohibidas por las leyes comunitarias vigentes sean consideradas como delitos penales cuando se cometan intencionadamente o por negligencia grave. Estos delitos incluirán la contaminación de suministros de agua, varias formas de contaminación atmosférica, el comercio con especies protegidas y daños graves a habitats protegidos.

La comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallström, ha declarado que los ciudadanos están cada vez más preocupados por la falta de aplicación en lo Estados miembros de la legislación en materia de medio ambiente. Por ello, la propuesta de la Comisión para el VI Programa Medioambiental incide también en la necesidad de mejorar la implementación de las leyes en este sector.

Por su parte, el comisario responsable de Justicia y Asuntos de Interior, Antonio Vitorino, ha enfatizado que la provisión de sanciones penales permite el empleo de métodos de investigación y asistencia entre Estados miembros más eficaces que los existentes actualmente.

Otrgar a las autoridades judiciales la tarea de imponer sanciones significa, en su opinión, dar la responsabilidad de velar por el respeto de las regulaciones medioambientales a autoridades distintas a las que garantizan la explotación de licencias y autorizaciones para contaminar. Se trataría, por lo tanto, de una garantía adicional de imparcialidad.