En unas declaraciones difundidas a los medios, Álvarez calificó la aprobación del trámite de urgencia de “buena noticia” y subrayó que la CEOE “tiene que aceptar que las reglas del juego se tienen que cumplir”, también en el ámbito laboral.

“No pedimos nada extraordinario: sencillamente, que los trabajadores y las trabajadoras tengamos derecho a las cuarenta horas que hace cuarenta años que se han aprobado en nuestro país”, aseveró el líder de UGT, quien sentenció que para que se respeten los tiempos de trabajo hay que usar la digitalización, aunque añadió que “hay margen de negociación para que eso se pueda implementar, sobre todo a través de los convenios colectivos”. A su juicio, “quien cumple no tiene por qué temer” al nuevo registro horario, pero sí lo han de hacer los “incumplidores permanentes, que son muchos”.

Por su parte, CCOO, a través de un comunicado, celebró que la medida se vaya a tramitar por la vía de urgencia y demandó al Gobierno que recoja en el real decreto la literalidad del proyecto de ley, en la parte que se puede aprobar sin pasar por el parlamento, después de que Junts, PP y Vox tumbaran la ley de reducción de jornada en su conjunto.

El sindicato señaló que el control de registro horario digital y de acceso abierto a la Inspección de Trabajo y la Representación Legal de las Personas Trabajadoras, así como los aspectos recogidos en materia de desconexión digital, siguiendo lo acordado a nivel europeo en el Acuerdo Marco para la Digitalización en Europa, no requieren de un desarrollo legislativo, ya que están amparados por el Estatuto de los Trabajadores que habilita el control horario y su necesaria reglamentación.

CCOO piensa que la tramitación con carácter de urgencia es preceptiva, ya que España está requerida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a garantizar un registro de jornada fiable, así como por la Organización Internacional del Trabajo por incumplimiento de los convenios 1 y 30 sobre jornada de trabajo. Esta agencia internacional denuncia entre otros el incumplimiento de la normativa española en materia de jornada laboral por el abuso indiscriminado de las horas extraordinarias.

Cabe recordar que, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), en España se realizan más de 2,8 millones de horas extraordinarias a la semana que ni se declaran, ni se cotizan ni se pagan.