Los dos sindicatos justificaron la huelga para conseguir del Gobierno, a través de los ministerios de Obras Públicas, Industria y Trabajo, y en concreto de Telefónica, que atienda su demandas para resolver la crisis del sector.

Estas reclamaciones se centran en el cumplimiento del Plan Nacional de las Telecomunicaciones, en particular en lo que respecta a Telefónica, y que se fijen unos criterios de adjudicación de obras de infraestructuras en función de que las empresas contratadas carezcan de subcontratación y tengan unas condiciones laborales "dignas".

Asimismo, reclaman el fin de expedientes de regulación de empleo, el establecimiento de mesas de negociación sobre la poltica industrial y empleo, así como una comisión de seguimiento de las contratas efectuadas por Telefónica.