Las direcciones de los dos sindicatos aseguraron que no descartan la aplicación de "las medidas más contundentes" para impedir que se apruebe en el Congreso de los Diputados el anteproyecto, presentado a los agentes el del sector el pasado día 22 de noviembre.

Los responsables de ambas centrales señalaron que el contenido de la propuesta gubernamental "es indigno de un Gobierno que se autocalifica socialista y descalifica a los máximos responsables de la Administración marítima y del Transporte en su conjunto", ya que "deja la puerta abierta a supresión de miles de puestos de trabajo en el sector".

Para los responsables de Marina Mercante de UGT y CCOO, el anteproyecto ofrecido por el Gobierno "es antisindicl y anticonstiotucional", al "discriminar" a personas con el mismo puesto de trabajo "permitiendo pagarles salarios diferentes".

A su vez, aseguran que atenta contra los principios del Tratado de Roma, "cuyas disposiciones reconocen el derecho del trabajador a la negociación colectiva, y rechaza la negociación individual con el empresario sobre las condiciones del contrato laboral".

Uno de los aspectos más criticados por las dos centrales mayoritarias del sector español de Marina Mercante es la flta de garantías para los actuales trabajadores del sector, unos 13.000 en todo el país.

Aseguran que el anteproyecto ofrece a los armadores registrados en Canarias la posibilidad de de contratar hasta un 50 por cien de personal extracomunitario, mientras que el resto puede ser español o de los demás países de la CE. Asimismo, los empresarios podrán aumentar la plantilla hasta el 100 por cien en función del tipo de trayectos que realicen sus buques.

Otras de las facilidades que ofrece el nuevo reistro planteado es la exención del 75 por cien en la base imponible del Impuesto de Sociedades, para las empresas inscritas en él, y reduce en un 50 por cien sus cotizaciones a la Seguridad Social.

También permitirá deducciones de hasta el 15 por cien en la declaración del IRPF de los tripulantes, y la exención de todos los pagos derivados del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, como operaciones de compra-venta, etc.

CAMPAÑA EN CONTRA

UGT y CCOO no descartan a aplicación de "las medidas más contundentes para impedir que el anteproyecto presentado por el Gobierno sea aprobado en el Congreso de los Diputados".

"De momento", añadieron, "hemos iniciado una camapaña de información en los centros de trabajo y se ha remitido solicitudes a todos los grupos parlamentarios en los que solicitamos reuniones para exponerles nuestros criterios y convencerles de que no apoyen las pretensiones de la Administración".