Según señaló RUGE, esta cotización, hasta la fecha, solo existía para aquellas prácticas no laborales que tenían una remuneración asociada. Ahora, “este derecho esencial”, se amplía a todas las prácticas, remuneradas o no.

No obstante, lamentó “que no se incluya a estudiantes predoctorales antiguos, quienes deberán solicitar y cotizar por ese periodo anterior pero con un límite de dos años y asumiendo también la parte de cotización empresarial que debía corresponder a la Administración”.

Por otro lado, desde RUGE denunciaron y rechazaron “firmemente” las recientes declaraciones de las Consejerías de Educación de algunas comunidades autónomas sobre el derecho de cotización de las personas becarias.

“Nos oponemos rotundamente a la petición de una nueva prórroga propuesta, ya que consideramos que no existen razones objetivas para ello más allá de la resistencia al cambio y al avance en pro de los derechos de los estudiantes. Nos negamos a que intenten hacer prevalecer el inmovilismo y desidia de unos que no quieren actualizar los convenios de colaboración incluso sabiendo que de esa forma estarían afectando a cientos de miles de personas”, apuntó el sindicato.

Tal y como especifica el Real Decreto-ley, esta medida será de aplicación para las prácticas académicas universitarias, tanto curriculares, como las de títulos propios de la Universidad; así como para las prácticas realizadas por estudiantes de Formación Profesional (FP). De estos periodos de formación práctica, el Estado asumirá el 95% del coste para las prácticas universitarias, y el 100% para el caso de los estudiantes de FP.

RUGE aplaudió, por tanto, “este avance en los derechos laborales de las personas becarias, nacido del acuerdo en la mesa del Diálogo Social”. Además, instó al Gobierno “a iniciar el trámite parlamentario sobre el Estatuto de las Prácticas No laborales, acuerdo que termina de concluir ese catálogo de derechos y mejora de la calidad de los periodos formativos en empresas de nuestro país”.