La Federación de Servicios Públicos de UGT rechaza la iniciativa de Instituciones Penitenciarias, por entender que "pone en tela de juicio la honestidad de 16.000 trabajadores que desempeñan sus funciones en las cárceles españolas".

No obstante, la FSP-UGT reconoce que en alguna prisión se han producido irregularidades en esta línea que en su momento fueron denunciadas ante la autoridad competente por la propia central.

Según la central, la aceptación de donativos y regals de proveedores y de empresas relacionados con la prisión afecta más a los gestores de centros y a los cargos políticos que al colectivo de trabajadores.

Como ejemplo, la FSP-UGT cita la investigación que se ha realizado recientemente en el centro penitenciario de Carabanchel (Madrid) por presuntas irrgularidades del equipo directivo, cuyos resultados aún no ha dado a conocer la Secretaría de Estado.