Estos datos, proporcionados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para este año 2022, suponen el incumplimiento de la Agenda Digital para Europa que obligaba a todos los Estados miembros de la Unión a ofrecer, al menos, 30 megabits por segundo (Mbps) de velocidad a toda su población en el año 2020, si bien “es justo indicar” que solo Malta y Chipre consiguieron tal objetivo y que España, con un 95% de cobertura de dicha velocidad, es uno de los que más cerca se ha quedado mientras que Francia se quedó en un 65% y Polonia en un 75%.

Si se amplía hasta los 100 Mbps, la velocidad mínima de conexión a Internet estipulada por la recientemente aprobada Ley General de Telecomunicaciones, y que deberá estar garantizada en un año, el número de viviendas que están desconectadas en España aumenta hasta las 583.00 y en 776.000 si se tienen en cuenta todos los tipos de unidades inmobiliarias.

La mitad de estos inmuebles sin una conectividad funcional se concentra en las comunidades autónomas de Galicia, Andalucía y Castilla León. Entre las provincias que aglutinan más inmuebles sin cobertura hay tres gallegas (Ourense, A Coruña y Lugo), seguidas de Tarragona y Alicante.

El sindicato exigió al Gobierno unas políticas más decididas para “acabar con esta brecha digital territorial”. “Las medidas puestas en marcha hasta la fecha llegan tarde y, si queremos dotar a todas las viviendas del país de una conectividad a 100 Mbps en menos de un año, los esfuerzos tanto económicos como procedimentales deberán aumentar exponencialmente”, afirmó la organización sindical.

Asimismo, consideró que este esfuerzo puede resultar "baldío si no se acompaña de medidas de formación en competencias digitales y de dotación de medios" como ordenadores y bonos sociales de conectividad a las personas actualmente excluidas.