En un comunicado difundido hoy, UGT explica que, a pesar de que la ley falle en favor del trabajador o delegado sindical que interponga un justificada demanda -por traslado o modificación sustancial de las condiciones de trabajo-, el empresario puede cogerse al nuevo artículo 137 de la Ley de Procedimiento Laboral, según el cual se podrá despedir al demandante con la consiguiente indemnización por despido improcedente.

De este modo, a juicio de UGT, "el empresario se verá respaldado por la ley para no readmitir a los empleados que puedan incomodarle". Para UGT, esto no sólo supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, sino que en el caso de los delegados sindicales acota su derecho a la libertad sindical, atentando contra los rtículos 24 y 28 de la Constitución.

UGT cree que la negativa de un empresario a rectificar una decisión propia "arbitraria e irrazonable" no puede quedar amparada jurídicamente por el principio constitucional de libertad de empresa y de protección de la iniciativa privada, si a su vez esta decisión afecta a preceptos constitucionales, algunos de ellos con rango de derecho fundamental.

Además, según UGT, el hecho de que no exista una correspondencia razonable entre la sentencia que anula la decisón del empresario -modificar el contrato- y la ejecución de la sentencia -despedir al trabajador- viola el principio de congruencia del derecho fundamental a la tutela judicial.

El sindicato que lidera Cándido Méndez recuerda que el Tribunal Constitucional (TC) declaró en una sentencia en abril de 1991 que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho a que no se produzca incongruencia y que, por tanto, si se falla a favor de un trabajador porque se le han cambiado sus condiciones de tabajo, no es lógico que encima se le despida.

UGT considera que esta forma de actuar es inconstitucional y, además, no establece ningún tipo de protección legal para el caso de los representantes sindicales. Para UGT, este precepto procesal vulnera el artículo 24 de la Constitución y el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).