Así se expresó UGT después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmara el dato de inflación para el mes de marzo en el 9,8%, su nivel más elevado desde 1985. Para el sindicato, ello supone “un escenario preocupante para la economía española que, sin lugar a dudas, se verá perjudicada en su crecimiento de 2022”.

En su opinión, “el conflicto en Ucrania ha supuesto un nuevo e imprevisto centrado sobre los precios de los productos energéticos, que persisten en una escalada muy dañina y que perjudica en mayor medida a los hogares más vulnerables y a quienes poseen menores ingresos”.

Para evitar que continúe esta senda inflacionista, el sindicato considera “fundamental” que se lleve a cabo una política de contención de precios “ambiciosa, a la altura del problema extraordinario que se ha generado”. En este sentido, puso en valor que las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno para cambiar esta dinámica y paliar su impacto sobre el bolsillo de las personas son, “en términos generales, positivas”, aunque defendió que deben ampliarse.

En concreto, apostó por la “moderación” de los alquileres, reforzar los bonos sociales, una mayor rebaja en carburantes y aumentar la “vigilancia de comportamientos especulativos en el sector de la alimentación y la distribución”. Además, pidió aplicar “cuanto antes las medidas sobre el sistema de formación de precios del sector eléctrico”.

En este sentido, el sindicato explicó que, después de lograr el reconocimiento de la excepcionalidad del mercado eléctrico ibérico por parte de las instituciones europeas, “es urgente que sea aprobado en Bruselas definitivamente, con el fin de que sus medidas actúen de inmediato y permitan bajar la factura eléctrica de todos los hogares”, y en particular de aquellos que se encuentran en el mercado regulado (PVPC).

“De no abaratarse la factura energética, el escenario inflacionista actual iría a peor, perjudicando a la recuperación económica y del empleo que se vislumbra desde el pasado año”, añadió UGT.

Por otra parte, exigió aumentar los salarios “de manera inmediata”, ya que “no es admisible que sean los trabajadores y trabajadoras quienes asuman todo el esfuerzo y pierdan capacidad adquisitiva, como sucedió en la crisis financiera de 2008”.

“El nivel salarial en nuestro país es muy bajo, y la mayoría de las personas trabajadoras no tienen margen para asumir más sacrificios sin caer en situaciones de pobreza y exclusión social, ya de por sí muy extendidas. Los salarios deben asegurar un nivel de vida adecuado y, para ello, su revalorización debe tener en cuenta la subida del nivel de precios”, abundó.

Por ello, indicó que “es fundamental” que se alcance un consenso para el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que establezca un escenario plurianual de evolución salarial y compromisos empresariales en materia de moderación de beneficios y creación o mantenimiento del empleo.