Así lo manifestó el sindicato en un comunicado, en el que recordó que el real decreto de la reforma del subsidio por desempleo no fue convalidado en el Congreso por el rechazo de PP, Vox y Podemos.

Esto hizo que decayeran medidas como la ampliación del subsidio de desempleo a los temporeros o la prórroga de la reducción de jornadas para tener derecho a la renta agraria en Andalucía y Extremadura.

De esta forma, más de 250.000 trabajadores eventuales agrarios de fuera de Andalucía y Extremadura siguen estando al margen del subsidio por desempleo del que se benefician los empleados del régimen general de la Seguridad Social.

“A pesar de que el agrario es un sector estratégico para nuestro país, y de que la producción de alimentos, ya sea para consumo humano o animal, es fundamental para mantener la autonomía de España, el colectivo de eventuales agrarios sigue sufriendo hoy en día la discriminación laboral y el tratamiento de trabajadores de segunda categoría”, denunció el secretario del sector Agroalimentario de UGT FICA, Sebastián Serena.

Añadió que “venimos combatiendo y denunciado desde 2011 este agravio laboral en todos los foros, reuniones y mesas de negociación y ya es ahora de poner pie en pared y corregir una discriminación que padecen los trabajadores y trabajadoras más vulnerables de nuestro mercado laboral”.

Por otro lado, Serena lamentó que decayera la prórroga por la que se rebajaba el número de jornadas necesarias para poder acceder al subsidio y la renta agraria en Andalucía y Extremadura de 35 a 10 como resultado consecuencia de la sequía y la consecuente caída en las horas trabajadas en el campo, lo que supone que miles de temporeros y temporeras andaluces y extremeños necesitan desde el pasado 11 de enero 35 jornadas para poder percibir la renta agraria.

“Esta exigencia está provocando, en principio, la no aprobación de la solicitud y posterior denegación de miles de solicitudes”, agregó Serena, quien exigió “una solución URGENTE”, ya que es “inaplazable” retomar la aprobación de la reforma del subsidio.

Por otro lado, UGT FICA señaló que es “prioritario” conseguir un convenio estatal del campo “que proteja a todos los trabajadores y trabajadoras agrarios y homogenice sus condiciones laborales, evitando el dumping social entre regiones y la competitividad a base de salarios precarios”.

Explicó que hay 61 convenios colectivos provinciales que regulan las condiciones laborales de los trabajadores agropecuarios y resaltó que “se da la circunstancia de que algunos de ellos no se han renovado desde hace años, lo que supone que no aplican las condiciones laborales pactadas en otras provincias desde hace un decenio”.

Por último, argumentó que esto demuestra la “falta de voluntad de algunas patronales el sector del campo por mejorar las condiciones de las personas trabajadoras agrarias”.

Por ello, para UGT FICA sería “deseable” que, desde el ministerio de Agricultura, se propiciara el diálogo social entre sindicatos y empresarios para alcanzar un Convenio Estatal que “vele por la unificación de las condiciones laborales de las personas trabajadoras agrarias y evite este tipo de agravios entre los que trabajan en distintas provincias del país”.