Laboral

UGT mantiene la presión al Gobierno para reformar el registro horario y el SMI: “El ultimátum sigue vigente”

MADRID
SERVIMEDIA

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, avisó este miércoles al Gobierno de que “el ultimátum sigue vigente” para que deje de demorar la aprobación de dos reales decretos con los que se ha comprometido, destinados a reforzar el registro horario en las empresas para luchar contra las horas extra no pagadas y para evitar que las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) sean neutralizadas con la reducción de complementos de las nóminas de los trabajadores.

“No se puede dejar para mañana lo que hay gente que está esperando hoy”, declaró Álvarez en un encuentro informativo en su sindicato, en el que no clarificó si se plantea poner en marcha movilizaciones para redoblar la presión al Gobierno. Y es que, cabe recordar, que la reforma del SMI fue comprometida por el Gobierno hace casi un año, mientras que la norma del refuerzo del control horario se aprobaría antes de agosto, según el Ministerio de Trabajo.

El refuerzo del control del tiempo de trabajo es la única pata que puede aprobar Trabajo sin pasar por el Parlamento, después de que la ley en la que estaba integrada la medida fuera tumbada hace un año por PP, Junts y Vox, y que recogía también la reducción de jornada de 40 a 37,5 horas semanales y la regulación del derecho a la desconexión digital.

Sobre esta cuestión, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y el vicepresidente primero y titular de Economía, Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, respectivamente, han protagonizado discrepancias públicas. Después, en primavera, el Consejo de Estado emitió un informe muy crítico con el real decreto, haciéndose eco de los postulados de Economía y de parte de los de la CEOE, por lo que el Gobierno ha explicado que ahora se están adecuando elementos de la norma para que se ajuste al Consejo de Estado.

En todo caso, el líder de UGT volvió a mostrarse crítico con el informe de esta institución y denunció que “siempre llueve en el mismo lado”, en alusión a que se producen este tipo de pronunciamientos y demoras con las leyes que benefician a los trabajadores.

Además, se mostró comprensivo con que en verano, con la crisis desatada por el asalto a Ceuta, el Gobierno ha estado volcado en esta materia. “Si no hubiera habido crisis en Ceuta, nosotros estaríamos hablando de otra manera”, advirtió, para añadir: “Vamos a darle tiempo pero tiene límites y vamos a plantear que alguno de los límites ya los situemos”.

SMI Y AENC

Por otra parte, Álvarez manifestó que su sindicato prefiere esperar a ver cómo se comporta la inflación en septiembre y octubre y a reunirse con CCOO para poner sobre la mesa una propuesta de subida del SMI de cara a 2027, un aspecto sobre el que el líder de CCOO, Unai Sordo, deslizó esta misma semana que debería ser superior al 5%, aunque dejando claro que buscaría una posición común con UGT.

Igualmente, exigió al Gobierno que apruebe ya el real decreto que evite que las subidas del SMI se aprovechen por las empresas para reducir pluses de las nóminas como el de la peligrosidad, la antigüedad o la nocturnidad.

Álvarez urgió también a la CEOE a que sindicatos y patronal puedan abrir ya una mesa bilateral para empezar a negociar el siguiente Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que recoge recomendaciones sobre salarios para los convenios colectivos, dado que el anterior caducó en diciembre del año pasado. UGT y CCOO han propuesto que las nóminas crezcan un 4% tanto este año como en 2027 y 2028, aunque en algunos sectores esa revalorización debería llegar al 7%.

“Quiero pedir a la CEOE que nos pongamos manos a la obra, que al menos abramos la mesa”, solicitó el líder de UGT, dado que “la inflación está haciendo polvo” incluso la propuesta inicial de los sindicatos, dado que en septiembre el IPC ha llegado ya al 4,3%.

En otro orden de cosas, Álvarez exigió la reforma del despido en la línea de lo establecido por el Comité Europeo de Derechos Sociales, con el fin de que sea disuasorio para las empresas y restaurativo para cada trabajador, en función de sus condiciones personales.

La reforma de la ley de prevención de riesgos laborales; la mejora de los servicios públicos, y reforzar las políticas públicas de vivienda con medidas como el freno a que fondos internacionales puedan comprar inmuebles de manera ilimitada son otras de las cuestiones expuestas por Álvarez para el nuevo curso político.

Un curso sobre el que recordó que tiene en el horizonte las elecciones generales, ante las que exigió a los partidos “transparencia” en lo relativo a los asuntos que afectan de manera “más directa” a la clase trabajadora y que no se presenten a esos comicios con “un programa oculto”.

(SERVIMEDIA)
09 Sep 2026
DMM/gja