Así se expresó Álvarez en una rueda de prensa junto al vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, donde anunció que el CEDS publicará la resolución a la demanda colectiva presentada por UGT el próximo lunes si no lo hace antes el Gobierno.

Una de las exigencias de UGT será que no se pueda fijar un tope máximo a la indemnización por despido y que se reconozcan los salarios de tramitación, los que debería cobrar el trabajador afectado hasta que se produce la sentencia.

A este respecto, Álvarez defendió que cuando se producen despidos sin causas objetivas los empresarios “no deben de saber cuál es el coste de ese despido” y añadió que los magistrados en un despido improcedente deben tener en cuenta cuestiones de carácter personal que pueden elevar la cuantía de la indemnización. Entre estos aspectos, se refirió a la edad del afectado, sus condiciones de vivienda, su empleabilidad, si tiene personas a cargo o si están en riesgo de vulnerabilidad.

En todo caso, advirtió al Gobierno y a las patronales que si no se modifica la legislación vamos a “ir peleando sentencia a sentencia” en los despidos improcedentes.

Además, aclaró que su intención no es que los despidos sean más caros, es “que no haya tanta ligereza a la hora de despedir”. “Queremos que no se produzcan porque sean tan altos o tan inciertos que lleven a que el empresario hable con el trabajador”, apostilló.

Por último, denunció que el coste del despido en España, que es de una media de 9.000 euros, “es una porquería sobre todo cuando una persona lleva muy poco tiempo trabajando”.