Es la propuesta del sindicato avanzada por su secretario general Pepe Álvarez la semana pasada y en la línea de lo que han propuesto algunos partidos en el Congreso estos últimos días como ERC.

Los beneficiarios de la propuesta del sindicato serían las personas con unos ingresos totales inferiores al salario medio en España y las personas o unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad social.

Para acceder a dicho fondo, aquellas personas que cumplan uno de los requisitos expuestos deberían acreditar, a su vez, que el pago mensual de la hipoteca en vivienda habitual supere el 30% de los ingresos mensuales netos de la persona o unidad de convivencia.

En cuanto a la cuantía, el fondo estatal cubriría, por medio de una prestación mensual, el sobrecoste generado en caso de que el Euribor supere un valor de 1,5 puntos y tendría una duración máxima de 12 meses, con posibilidad de prórroga en caso de que persistan los requisitos fijados.

UGT recalcó que es fundamental recordar que el Gobierno espera recaudar 1.500 millones de euros con el nuevo impuesto a las entidades financieras, cantidad que será “aún superior en unos 250 millones” tras el anuncio de la subida de tipos del BCE, por lo que la dimensión del Fondo propuesto sería “cerca de un tercio de esa recaudación”.

Según el sindicato, tras el aumento de los tipos de interés en 0,75 puntos por parte del Banco Central Europeo y la subida del Euríbor hasta los 2 puntos en septiembre, las hipotecas en España “han ascendido hasta los 635,8 euros mensuales de media, lo que supone un 31,1% del total del salario medio bruto”.

De esta forma, la cuota mensual de una hipoteca media “se ha incrementado en torno a 160 euros, es decir, cerca de 1.900 euros al año, un sobrecoste que supone 1,2 veces el salario medio neto a jornada completa de un mes en España, y que buena parte de los hogares no van a poder soportar”.

Para el sindicato, el fondo es una “actuación necesaria para evitar un sobrecoste excesivo para muchas familias”, y que tendría que ser acompañada de la extensión de las medidas antidesahucios y de aplazamiento del pago del alquiler, al menos hasta que entre en vigor la Ley Estatal de Vivienda.

No obstante, UGT subrayó que no se cierran “a otras propuestas que vayan dirigidas a proteger a las familias frente al aumento del coste hipotecario”, porque entienden que es “necesario” garantizar líneas extraordinarias de liquidez que eviten la acumulación de casos de insolvencia y que deriven una pérdida de poder adquisitivo para las familias.