Esas cifras reflejan que hay más de 17.000 plazas vacantes dentro del IV Convenio Único y miles de plazas pendientes todavía de convocatoria desde las ofertas de empleo público de 2023, 2024, 2025 y 2026, según expuso el sindicato este miércoles en una rueda de prensa para avanzar el inicio de las movilizaciones.

Además, más de 7.000 plazas de turno libre comprometidas siguen sin ser convocadas desde 2023, mientras los centros de trabajo soportan falta de efectivos, sobrecarga laboral y “deterioro” de los servicios públicos.

El coordinador de Comunicación del Convenio Único de UGT, Enrique Hernández, y el coordinador general del Convenio Único de este sindicato, Alberto Pablos, avisaron ante la prensa de que las movilizaciones continuarán tras el verano si el Ministerio de Función Pública no atiende sus reivindicaciones.

Hernández señaló que se han destinado cerca de 40.000 millones para contratar servicios externos en la AGE que deberían poder ser realizados por personal laboral de alguna de las 255 especialidades actualmente existentes.

De su lado, Pablos aseguró que la presencia del personal laboral es fundamental para garantizar unos servicios públicos esenciales; denunció el retraso en la convocatoria de las plazas, y afirmó que el V Convenio Único debe servir para reforzar el empleo público en la AGE. También recordó la vía telemática puesta en funcionamiento recientemente para poder solicitar la jubilación parcial del personal laboral.

“La falta de cobertura de plazas de carácter estructural dentro de la AGE está generando una situación preocupante en numerosos servicios públicos. Si durante años no se convocan las plazas necesarias o los procesos selectivos se retrasan indefinidamente, los centros de trabajo ven disminuir su personal, aumenta la carga laboral y la Administración acaba perdiendo capacidad propia para prestar determinados servicios con medios públicos”, alertaron desde el sindicato.

A su juicio, mantener miles de vacantes sin cubrir durante años debilita progresivamente la capacidad técnica, profesional y operativa de la propia AGE. “Cuando desaparece el personal propio y se recurre a fórmulas externas para sostener servicios esenciales se dificulta la continuidad de los servicios, aumenta la dependencia de empresas externas y se reduce la capacidad de control directo por parte de la Administración. Todo ello termina afectando tanto a las condiciones laborales como a la calidad del servicio público que recibe la ciudadanía”, aseveró UGT.