Así lo manifestó esta responsable del sindicato durante la presentación de la ‘Guía de inclusión laboral de las personas con discapacidad en las empresas’ elaborada por UGT, donde explicó que es muy sencillo para las empresas optar por medidas alternativas a la contratación directa de personas con discapacidad.

En España, las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a contar en plantilla con un 2% de personas con discapacidad, pero la ley permite que se puedan adoptar medidas alternativas como donaciones o contratación de servicios o productos con centros especiales de empleo (CEE).

“La legislación no deja de ser en cierta manera perversa”, sostuvo Ramón, quien incidió también en que a veces son más bajas las sanciones cuando se incumplen las obligaciones que la contratación de personas con discapacidad o la puesta en marcha de medidas alternativas, puesto que las multas oscilan entre 300 y 30.000 euros.

Esta responsable sindical detalló que la guía de UGT recoge cuestiones como la definición de conceptos como discapacidad o “ajustes razonables”, al tiempo que incorpora recomendaciones para tener presente la inclusión de la discapacidad en la negociación colectiva.

Además, el documento realiza un alegato a favor de que cuando se produce una discapacidad sobrevenida se adapte el puesto de trabajo para que la persona pueda seguir en activo y no como sucede “en el 99% de los casos” en los resuelve con la extinción del contrato laboral, según expuso Ramón.

PROTECCIÓN SOCIAL

Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales y Vivienda de UGT, Ana Isabel Gracia, argumentó que el empleo es un espacio de “socialización” y de “independencia económica” pero también de “protección social”, por cuanto del trabajo actual depende la pensión futura de todas las personas.

“El desconocimiento de la discapacidad y los prejuicios y tratamientos culturales operan como obstáculos en la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad”, avisó Gracia, quien reclamó una mesa de diálogo social específica para potenciar la inclusión de la discapacidad en el mundo laboral.

En dicho marco, en su opinión, se deben “evaluar” las políticas actuales, al tiempo que se ha de dar un “mayor peso” a los sindicatos en el diseño de las medidas de inclusión.

En su intervención, Gracia desgranó algunos datos sobre la situación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo para ejemplificar que la inclusión todavía no se ha conseguido.

Así, señaló que en 2022 su tasa de empleo se situó en el 27,8 % y la tasa de paro en el 21,4 %, “porcentajes que difieren mucho de las cifras de las personas sin discapacidad establecidas en el 68 % y el 12 %, respectivamente”.

“A esto se une una alarmante tasa de inactividad del 64,7%, cuando en las personas sin discapacidad en edad de trabajar era del 22%”, prosiguió Gracia, quien aseveró que en 2022 se formalizaron 314.948 contratos para personas con discapacidad, lo que supone tan solo el 1,72 % del total de los contratos registrados.

“Además y a pesar de la reforma laboral que entró en vigor en 2022, la baja calidad en el empleo sigue reflejándose en el hecho de que tan solo uno de cada tres contratos sean indefinidos”, concluyó.