El trabajo, desarrollado en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Fundación Derecho y Discapacidad (FDyD), analiza en profundidad la Ley 41/2003, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, y concluye que “presenta importantes insuficiencias que han limitado su desarrollo”.

Según la clínica jurídica, factores como la rigidez normativa, el exceso de burocracia y un escaso atractivo fiscal han impedido que esta herramienta “se extienda entre las personas con discapacidad y sus familias”, pese a su “elevado potencial como instrumento de previsión y protección económica”.

Más de dos décadas después de su aprobación, el estudio considera necesaria una revisión “urgente y extensa” de esta ley para revitalizar una institución que, en su opinión, permanece infrautilizada debido a una regulación insatisfactoria.

Los resultados de esta iniciativa servirán al Cermi para “reforzar su labor de incidencia política” ante el Gobierno y el Parlamento, con el objetivo de “impulsar una reforma normativa que mejore el funcionamiento de los patrimonios protegidos”.

En este sentido, el informe aporta argumentos técnicos y plantea orientaciones sobre el rumbo que debería adoptar la actualización legislativa para “favorecer una mayor implantación de esta figura”.

La clínica jurídica se enmarca en el convenio de colaboración entre el Centro de Estudios Garrigues, el Cermi y la Fundación Derecho y Discapacidad, que tiene como finalidad “promover y difundir el Derecho de la Discapacidad como disciplina jurídica especializada”.