Las grabaciones, en cintas magnetofónicas, contienen conversaciones con altos cargos del Partido Popular grabadas por Bordoy en los últimos años. Ante la dificultad de audición de las grabaciones, el juez instructor del caso, José Castro, pedirá a una empresa privada, probablemente del sector de los medios de comunicación, que verifique su autenticidad.

Según Bordoy, en las grabaciones aparece, entre otros, Francico Gilet, ex diputado del PP y miembro del Gobierno balear cuando se produjo el intento de soborno, en 1.992. Bordoy, en su declaración ante el juez, señaló a Gilet como "el organizador de la operación". Los abogados del diputado popular en la pasada legislatura presentaron ayer una querella criminal contra Bordoy por falsas acusaciones.

El "caso Calviá" fue sentenciado en 1.993. Junto a Bordoy, fueron condenados a penas de arresto menor de entre cuatro y seis meses y multa de cien millones de pesetasMiguel Deyá y Guilem Ginard, los tres estrechamente relacionados con el PP. La sentencia consideraba probado que habían intentado sobornar a un edil socialista ofreciéndole cien millones de pesetas por apoyar una moción de censura y dar la alcaldía de Calviá al PP.

El juez instructor, ante las nuevas pruebas aportadas por Bordoy, entre ellas las grabaciones, ordenó la reapertura del sumario el pasado mes de febrero. Esta mañana, junto a los abogados de las partes personadas, el magistrado ha iniciado a audición de las grabaciones.

Ante la dificultad de comprensión de las conversaciones, el juez Castro ha ordenado a la policía judicial que se remitiese a la policía científica de Madrid para comprobar si era posible verificar la autenticiad de las cintas. Vía telefónica, la policía científica ha comunicado a la policía judicial de Palma, según fuentes cercanas al caso, que la falta de medios alargaría mucho el proceso, por lo que el juez pedirá que la averiguación técnica sea realizada por una emprea privada.

Finalmente, durante más de cuatro horas, Andreu Bordoy ha identificado esta mañana ante el juez y los abogados a las personas que, según su versión, son sus interlocutores en las grabaciones.

Rafael Perera, abogado de Gilet, ha dicho durante un descanso de la sesión de audición que "son cintas trucadas, interpoladas y con muchas lagunas". Según el letrado, "hay muchas cosas raras que dan a entender que se ha procedido a realizar trucajes".