En 1991 el pleno municipal acordó otorgar una subvención a todos los grupos parlamentarios en función de la representación que tienen en el ayuntamiento.

Según los representantes de Los Verdes, el PSOE, que cuenta con 11 concejales, recibió unos 11 millones de pesetas; el PP, 10 concejales, alrededor de 10 millones; IU, 5 concejales, más de 7 millones, y CDS, 1 concejal, más de 6 millones.

Los Verdes pusieron una querella administrativa por considerar que la decisión del pleno no seajustaba a la legalidad y, según Félix Aparicio, el fallo judicial "nos ha dado la razón".

Ahora Los Verdes estudian la posibilidad de solicitar la inhabilitación de todos los concejales por un presunto delito de prevaricación, ya que la corporación, a excepción del alcalde, José Baigorri, que dimitió recientemente, no ha variado.

Para Félix Aparicio, "la sentencia fija un precedente importante, puesto que en la mayoría de los ayuntamientos españoles se dan situaciones similares".