Así lo precisó en un comunicado en el que explicó que ha trasladado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sus aportaciones a la consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley que modificará la Ley 13/2011, de regulación del juego, con el objetivo de reforzar la protección de las personas más vulnerables frente a los riesgos asociados al juego online

La organización considera que la reforma supone una oportunidad para adaptar la legislación a la realidad actual del ecosistema digital del juego, caracterizado por la disponibilidad permanente de las plataformas, la hiperaccesibilidad y el desarrollo de nuevas estrategias comerciales dirigidas a captar y fidelizar a las personas usuarias.

En sus aportaciones, UNAD valora “positivamente” la apertura de este proceso participativo y defiende que la futura ley debe situar la salud pública como eje central de la regulación.

La red mostró su “preocupación” por el uso de promociones basadas en bonos, recompensas económicas, comunicaciones individualizadas y perfiles con una elevada capacidad de influencia social (influencers), estrategias que pueden contribuir a banalizar el juego y minimizar la percepción de los riesgos asociados a esta actividad.

IMPRESCINDIBLE

Por ello, UNAD ve “imprescindible” que las limitaciones a este tipo de prácticas comerciales queden recogidas expresamente en el texto legal. "La protección de la ciudadanía y, especialmente, de la infancia, la adolescencia y la juventud no puede depender de normas de rango inferior susceptibles de ser impugnadas. Es necesario que las restricciones a la publicidad y a las promociones del juego cuenten con el máximo respaldo jurídico", señalaron desde la organización.

Las entidades que forman parte de UNAD trabajan diariamente con personas afectadas por problemas relacionados con el juego presencial y online, así como con sus familias.

Durante 2024, la red realizó 1.304 atenciones directas en programas de adicciones sin sustancia. Los datos muestran, según la red, la necesidad de incorporar una perspectiva de género en las políticas públicas relacionadas con el juego, ya que el 24% de las personas atendidas fueron mujeres, quienes suelen acceder a los recursos especializados más tarde y en fases más avanzadas debido al estigma social asociado a estas problemáticas.

UNAD puntualizó además que el juego de azar continúa siendo la principal causa de admisión a tratamiento por adicciones comportamentales en España, una realidad que, a juicio de la organización, exige reforzar las medidas preventivas y los mecanismos de protección frente a las estrategias comerciales más agresivas.

PROPUESTAS

Entre sus propuestas, la red también plantea ampliar la representación de las entidades sociales especializadas en el Consejo Asesor de Juego Seguro para que el conocimiento derivado de la intervención directa con las personas afectadas contribuya a mejorar la evaluación y el diseño de las futuras políticas públicas.

UNAD considera que la prevención, la reducción de daños y la protección de los colectivos más vulnerables deben orientar la reforma de la Ley del Juego y reitera su disposición a colaborar con las administraciones públicas en el desarrollo de un marco regulatorio más garantista y adaptado a los desafíos que plantea el entorno digital.