Así lo demandó en un comunicado emitido coincidiendo con la conmemoración, este sábado, del Día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias y tras la reciente reforma del artículo 234 del Código Penal que establece penas de prisión para aquellas personas que reincidan en hurtos que no superan los 400 euros, hasta ahora considerados faltas o delitos leves castigados con multa.

El presidente de la entidad, Luciano Poyato, consideró que esta medida es “totalmente desproporcionada” y explicó que el perfil de quienes reinciden en este tipo de delitos tiene “bastante” relación con las adicciones y con la exclusión social.

En este sentido, recordó que la mayoría de las personas presas en España fueron encarceladas por delitos relacionados con las drogas ilegales, como los delitos contra el patrimonio o los trapicheos menores con dichas sustancias.

Por su parte, la vicepresidenta de UNAD, Carmen Martínez, subrayó que el sistema penal español “abusa de la prisión y es poco dado a usar otro tipo de respuestas penales más acordes con el objetivo de resocialización y más útiles para evitar que quien delinquió una vez vuelva a hacerlo”.

“A diferencia de otros países de nuestro entorno cultural, aún no se han desarrollado en nuestra legislación penal respuestas comunitarias que incidan en las causas del delito”, advirtió, en referencia a herramientas como la Justicia Restaurativa o la ‘Probation’, esta última “en una doble vertiente, como pena autónoma y como período de prueba con condiciones antes de la sentencia”.

En este punto, la red puso de manifiesto la necesidad de dotar a España de un sistema legal “moderno” que “contemple alternativas” a la prisión y la justicia restaurativa con el fin de “no agravar” la “exclusión” de las personas con adicciones, así como de otros colectivos vulnerables.

Por lo que respecta al ámbito penitenciario, la red urgió a un mayor uso del régimen abierto y apostó por impulsar programas “desarrollados en y con la comunidad”. “Y ello, porque la red de atención a las adicciones defiende la prisión como una solución excepcional para los delitos más graves y aboga por reducir las desigualdades a través de políticas que incidan en las brechas sociales que están detrás de estos delitos”, abundó Martínez.

Por último, la red puntualizó que España es uno de los países con mayores índices de encarcelamiento de Europa, a pesar del bajo número de delitos violentos contabilizados respecto a otros estados europeos.

En este sentido, hizo hincapié en que el 90% de las 55.000 personas privadas de libertad en España proceden de entornos de exclusión social; el 77% tienen problemas de drogodependencias y casi la mitad de la población reclusa padece problemas de salud mental.