Así lo indicó la entidad en un comunicado, en el que señaló la “doble condena” que afrontan estas personas ante la falta de detección, tratamientos adaptados y recursos para su salida a la comunidad.

UNAD alertó de que entre el 60% y el 70% de las discapacidades intelectuales no se detectan antes del ingreso en prisión, según datos recogidos por el Ministerio de Sanidad. En este contexto, el estudio de UNAD ('Situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas. Una visión con perspectiva de género') señala que el 5% de la población encuestada, tanto hombres como mujeres, tiene reconocida alguna discapacidad intelectual, con un grado medio de discapacidad del 50%.

Por todo ello, desde UNAD consideran necesario mejorar la identificación de la discapacidad intelectual y las adicciones durante el proceso judicial, así como reforzar la especialización de los profesionales que intervienen en estas situaciones. La organización defiende que, cuando las circunstancias lo permitan, se prioricen las medidas alternativas a la prisión y los tratamientos comunitarios.

TRATAMIENTOS ADAPTADOS

Una vez en prisión, el acceso a los tratamientos de deshabituación también presenta dificultades, según UNAD. Los programas ordinarios no siempre están adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, mientras que la falta de recursos residenciales en la comunidad dificulta la continuidad de los procesos de recuperación tras su salida de prisión.

Según indicaron desde UNAD, esta falta de adaptación afecta también a la participación de estas personas en los programas de tratamiento, que en ocasiones cuentan con dinámicas grupales y contenidos que no responden a sus necesidades. Por ello, reclamaron que se incorporen herramientas como la lectura fácil, los apoyos visuales y ritmos de intervención flexibles, con perspectiva de género, además de dotar a los centros penitenciarios de recursos específicos para garantizar la accesibilidad cognitiva de las personas internas con discapacidad intelectual y adicciones.

Asimismo, señalaron que es urgente la incorporación estable de personas facilitadoras judiciales en los centros penitenciarios, con financiación específica, para garantizar que estas personas puedan comprender la información que reciben y ejercer sus derechos en condiciones de accesibilidad.

REINSERCIÓN EN RIESGO

"Las dificultades se extienden también al acceso a permisos y salidas programadas", alertaron. Según el informe ‘A cada lado’ de Plena inclusión, el 70% de las personas internas con discapacidad no realiza salidas programadas y alrededor del 55% nunca ha solicitado un permiso, entre otros motivos, por la falta de redes de apoyo, explicaron desde UNAD. Por otro lado, apenas el 6% de las personas con discapacidad intelectual y adicciones accede al tercer grado o régimen abierto.

La Red de Atención a las Adicciones avisó también de que las mujeres con discapacidad intelectual y adicciones soportan una “triple condena”. Ante esta situación, reclamó incorporar la perspectiva de género y la accesibilidad cognitiva a los programas de intervención.

Además, defendió que estas mujeres dispongan de apoyos y recursos específicos tanto durante su estancia en prisión como tras su salida, para prevenir situaciones de exclusión y disminuir el riesgo de reincidencia.