Así lo hizo durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para trasladar la posición de la entidad sobre el Proyecto de Ley de Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas y de sus Efectos en las Personas Menores de Edad, que se está debatiendo en la Cámara Baja.

En el transcurso de su intervención, Poyato mostró el “apoyo decidido” de UNAD a la aprobación de la ley, convencido de que “supone un avance imprescindible para proteger a la infancia y la adolescencia frente al consumo de alcohol” y de que es una norma “que no puede demorarse más”.

En paralelo, subrayó que las medidas preventivas incluidas en el texto, atención sanitaria y social prioritaria, protocolos de detección, campañas de sensibilización o promoción de actividades culturales, deportivas y de ocio, “coinciden” con las que las entidades sociales “llevan promoviendo desde hace 40 años”.

Por ello, reclamó que la ley “reconozca explícitamente” el papel de las organizaciones de la sociedad civil con experiencia en prevención y adicciones como “agentes clave” para su implementación en barrios y comunidades.

Asimismo, propuso que se creen mecanismos de participación de la juventud y la sociedad civil organizada en el diseño, aplicación y evaluación de las medidas, con el fin de “aumentar su eficacia y legitimidad”.

MUJER

En relación con la inclusión de mujeres embarazadas, planificando gestación o en periodo de lactancia, Poyato ve “positivo” atender a esta población, “siempre y cuando se haga con enfoque de género y evitando aumentar el estigma que ya sufren por el consumo y por ser mujeres”.

Junto a ello, también pidió que la investigación y los estudios contemplados en la ley incluyan “una mirada cualitativa y con perspectiva de género”, para “comprender mejor” fenómenos como el incremento del consumo en niñas y poder diseñar “respuestas más ajustadas”.

PUBLICIDAD Y FINANCIACIÓN ESTABLE

Por otro lado, UNAD valoró las restricciones a la publicidad del alcohol, que contempla la norma, alertando de la necesidad de que se apliquen “con firmeza” en entornos digitales, redes sociales y servicios de streaming, donde más presencia tiene la población menor.

Por último, advirtió de que la eficacia de esta ley dependerá de los recursos destinados a su desarrollo y recordó que la prevención en España ha sufrido históricamente de una financiación “inestable e insuficiente”, lo que, a su entender, “dificulta la continuidad de los programas y compromete su sostenibilidad”.

En este sentido, demandó que las administraciones locales y autonómicas dispongan de presupuestos “suficientes y estables” para desplegar tanto programas universales como actuaciones selectivas dirigidas a menores en situación de exclusión social o hijos e hijas de personas con drogodependencias, así como programas comunitarios en barrios y pueblos que integren a colegios, asociaciones, familias y comercios.

En este contexto, dijo “esperar” que este proyecto de ley pueda “traducirse en un compromiso real y duradero para mejorar la calidad de vida de la infancia y adolescencia en nuestro país”.