Lo hizo a través de un comunicado en el que expuso que, según el INE, a 1 de julio de 2021, vivían en España un total de 5.325.907 personas extranjeras, a los que se suman minorías étnicas, como la población gitana, estimada en más de 700.000 individuos.

Esta diversidad cultural, destacó UNAF, provoca “barreras de comunicación y comprensión que impiden la inclusión social y el ejercicio de derechos de todas las personas en igualdad de condiciones”.

Ante esta situación, puso de manifiesto que la mediación intercultural se erige como una “figura imprescindible que tiende puentes lingüísticos y culturales, facilitando la comunicación y el acercamiento entre personas de orígenes étnicos y culturales diversos”.

En ese sentido, la presidenta de UNAF, Ascensión Iglesias, subrayó que la mediación intercultural “va mucho más allá de una interpretación lingüística, es un agente de transformación social, que promueve la convivencia y la cohesión social y facilita la comunicación entre personas usuarias y profesionales de los servicios públicos”.

Esto le sirvió para detallar que UNAF ha puesto en marcha un “servicio pionero” de mediación intercultural especializado en salud sexual y reproductiva con enfoque de género, con el fin de “acompañar de manera integral a las mujeres de diversos orígenes culturales en la atención” en este ámbito.

El servicio, confidencial, gratuito y ofrecido en 17 lenguas, tiene como objetivo “cubrir las carencias y necesidades detectadas”, puesto que las barreras idiomáticas y culturales y las desigualdades de género provocan que “muchas no acudan a las consultas ginecológicas y no tengan acceso a información clave para su bienestar y para la toma de decisiones respecto a su salud sexual y reproductiva”.

UNAF está consignando, a través de este servicio, “numerosas situaciones de mujeres en exclusión sanitaria, ya sea por cambios legislativos o por falta de información a nivel administrativo”, así como “muchas formas de violencia de género, como son la violencia sexual y los matrimonios forzados”.

Esta iniciativa es la consecuencia de una “fuerte demanda social” de profesionales del ámbito sociosanitario y de las propias mujeres migrantes, y se desarrolla desde un “enfoque comunitario, fomentando la colaboración con los diferentes agentes sociales y trabajando en red con otros servicios y recursos públicos”.