La apertura de estos expedientes, que ha sido comunicado por carta a Unespa, aunque sin citar a las compañías afectadas, pretende obligar a las empresas del sector a presentar el estado de sus cuentas correspondiente al ejercicio de 1991, lo que debieron hacer antes del pasado 10 de julio.

Las sanciones pueden llegar hasta el millón de pesetas, en el caso de ue el expediente concluya sin que las entidades hayan facilitado la información requerida por la Dirección General de Seguros.

Según Unespa, el retraso obedece a que muchas aseguradoras todavía no se han adaptado a las exigencias del decreto de 28 de junio de 1991, que obliga a las compañías a facilitar información estadístico-contable respecto a cada ejercicio económico y sobre la marcha mensual y trimestral de cada compañía.

Las empresas sujetas a estas obligaciones son, según dicho decreto, la que hayan emitido en el último ejercicio primas por más de 500 millones de pesetas, así como las sujetas a medidas cautelares y las que tengan abiertos expedientes de disolución revocación de la autorización administrativa.

La apertura de los expedientes forma parte de la campaña de la Dirección General de Seguros para incrementar la transparencia de un sector que ha registrado un elevado número de quiebras durante los últimos años.