Así lo dijo durante su intervención en el ‘Fórum sobre previsión colectiva’ organizado por BBVA en el que Del Valle señaló que, aunque el sistema de previsión social “adolezca, cuando menos a nuestro parecer, de regulaciones claramente mejorables”, están trabajando en la guía porque el sector asegurador no es ajeno a la creación de planes de empleo simplificados.

La presidenta de Unespa consideró que la deducción fiscal del 10% en las contribuciones a los planes de pensiones de empleo “debería mejorarse” y revisar el tope de 27.000 euros de retribuciones brutas anuales, dado que “algo de inflación ha llovido desde entonces”.

También se quejó de que, en general, la capacidad del trabajador se limita a aportar lo que aporta su empleador y son de unos 500 euros de media, “con lo que los trabajadores pueden acumular aportaciones, en el mejor de los casos, de 5.750 euros anuales, en lugar del tope de 8.500 euros que fija la legislación”. Explicó que esa aportación media de 500 euros “tiene sus motivos y el más fundamental es que los incentivos que recibe el empresario deberían ser mejorados”.

“No sólo se establece un esquema de subvención condicionada que pone muy difícil cumplir objetivos de ahorro deseables, sino que, también, está la falta de los adecuados incentivos al empresario para establecer y mejorar esos entornos de subvención”, comentó.

Por otra parte, propuso que los límites de reducción existentes en su día para el ahorro individual “se recuperen o, al menos, se fijen en un importe equivalente a lo que existe en los territorios forales” y esa apertura de la ley para ese cambio se aproveche para “resolver algún defecto técnico que siempre hemos apreciado en la tributación de la previsión como, por ejemplo, que los rendimientos financieros de la provisión que el ahorrador tiene constituida tributen como renta del trabajo”. También planteó que se fomente el cobro de las prestaciones en forma de renta vitalicia.

En el encuentro también intervino la que ha sido presidenta de Unespa hasta principios de mes, Pilar González de Frutos, y criticó que el Gobierno “ha decidido micronizar un sistema de beneficio fiscal por tributación diferida a favor del ahorro-previsión finalista y a largo plazo” y lo ha hecho cuando los ciudadanos que empezaron a usar esos beneficios fiscales aún no se han jubilado.