El programa está dotado con 300 millones de euros y pretende contribuir a la recuperación de la rentabilidad de las explotaciones y empresas afectadas por la sequía, el aumento de los costes de producción y la incertidumbre en el mercado internacional.

La línea ICO-MAPA-Saeca contempla una bonificación del 15% del principal de los préstamos formalizados, con un importe máximo de 15.000 euros por beneficiario. Además, permite articular operaciones con plazos de hasta 15 años y con posibles periodos de carencia de hasta tres años, en función del destino de la financiación. En el caso del circulante, el plazo puede extenderse hasta seis años.

Unicaja informó de que pueden acogerse a esta medida titulares de explotaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias y determinados operadores económicos y pymes vinculados al sector, siempre que cumplan los requisitos previstos en la convocatoria. Los importes máximos con fondos ICO ascienden hasta 400.000 euros para personas físicas y hasta 600.000 euros para personas jurídicas.

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre de 2028 o hasta el agotamiento del crédito disponible y se puede acceder a ella a través de la red de oficinas de Unicaja

El director de Pymes, Negocios y Productos de Empresa de Unicaja, Santiago Casanova, señaló que esta línea permite “a agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias acceder a financiación en condiciones especialmente ventajosas para mantener su actividad y acometer inversiones en un momento de elevada presión sobre los costes”.

La adhesión a esta línea se enmarca en la estrategia de Unicaja de reforzar su capacidad de acompañamiento al tejido productivo en sectores con fuerte arraigo territorial y relevancia económica.

Además, la colaboración de Unicaja con Saeca refuerza esa línea de trabajo, al permitir articular condiciones más ventajosas para el sector agrario y ganadero a través de un esquema de apoyo público y gestión financiera especializada.

Unicaja colaboró en la canalización de financiación especial dirigida a los sectores agrario, pesquero, acuícola y agroalimentario de Andalucía y Extremadura que sufrieron los efectos del tren de borrascas del pasado invierno.