Así lo indicó en un comunicado remitido por Unicef España, en el que Collantes señaló que "la irregularidad administrativa se hereda".

La falta de una situación administrativa regular "expulsa a las familias a un contexto de extrema vulnerabilidad en el trabajo, en la vivienda y en general en muchos otros servicios básicos. Y los niños necesitan entornos seguros y estables para vivir", explicó.

La estabilidad que requieren los menores no puede encontrarse, indicó Collantes, si las familias "viven con miedo diario a ser detectadas, a ser expulsadas". Esa situación de irregularidad genera así en los niño estrés y ansiedad, destacó la experta en migraciones de Unicef.

Acabar con esa situación significará, en opinión de Unicef, garantizar el acceso de los menores y sus familias a la salud y la educación en igualdad de condiciones.

"En una situación administrativa de irregularidad, las familias solo pueden acceder a empleos informales, tienen muy pocas posibilidades de acceder a la protección social y muchas dificultades para conseguir vivienda. Además, también afrontan importantes barreras de acceso a la salud", incidió.

Desde Unicef también recordaron que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas viene recomendando a los países que faciliten vías para la regularización de los migrantes en situación irregular que residan con sus hijos, una circunstancia que, en 2019, se estimó que afectaba a unos 147.000 niños y niñas en situación irregular en España.