La organización mostró su “máxima preocupación” por los últimos acontecimientos, pero recordó que “las repatriaciones de niños y niñas menores de edad no acompañados solo pueden valorarse en el marco de una evaluación individual del interés superior del niño”, puesto que “nunca pueden ser colectivas y están sometidas a fuertes garantías jurídicas previstas por la legislación en vigor”.

Unicef España explicó que está monitorizando el impacto que las crisis humanitarias migratorias y la gestión de las llegadas a España por puestos no habilitados, tienen en la infancia migrante. “Este trabajo nos ha permitido corroborar, en distintos contextos, la necesidad de que España se dote de mecanismos que aseguren responsabilidades compartidas en relación con la gestión de las crisis y la garantía de los derechos de la infancia migrante. La protección de esta infancia tan vulnerable que llega a través de diferentes puntos de nuestras fronteras, es una responsabilidad del Estado en su conjunto”, subrayó el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera.

La organización pidió “en numerosas ocasiones” la adopción de políticas de contingencia, coordinación y colaboración interadministrativa e interinstitucional, mecanismos eficaces de traslados y unidades estatales técnicas de apoyo temporal durante las emergencias. En este sentido, Unicef España está impulsando esta propuesta de la Unidad Multidisciplinar de Apoyo a la Infancia Migrante en Emergencias (Umaime) junto al Gobierno español “desde hace varios meses”.

Según cifras oficiales, solo durante las primeras semanas de julio se había registrado un repunte muy alto de entradas, concretamente 505 niños y niñas en su mayoría procedentes de Marruecos, aunque también había casos de otros países como Sudán, Guinea, Senegal y Siria. Asimismo, ha aumentado el número de niñas y el riesgo de trata que afrontan algunas de ellas.