Lo hizo a través de un comunicado en el que explicó que esa distribución ha de responder al “interés superior del niño” y debe regirse por un “proceso individualizado según cada caso”, si bien concedió que se pueden aplicar otros criterios, como los factores demográficos o socioeconómicos.

Del mismo modo, consideró “fundamental” que existan “recursos apropiados y estables de acogida inmediata para los menores migrantes no acompañados en toda España, con el fin de que se pueda poner en marcha el mecanismo de distribución ante cualquier contingencia acaecida en cualquier punto de la frontera sur, “especialmente en situaciones extraordinarias como la actual”.

A su vez, Unicef propuso la adopción de un modelo de gestión de crisis migratorias, coordinado por un órgano de alto nivel político y la creación de unidades de respuesta rápida a la infancia en emergencias migratorias.

En ese sentido, el director ejecutivo de Unicef España, José María Vera, reclamó al Gobierno y al conjunto de las fuerzas política que otorguen “la máxima prioridad a este proceso de trabajo para que la nueva estrategia se aprueba con la mayor celeridad posible”, ya que, de lo contrario, “se seguirán colapsando sistemáticamente los sistemas de protección de la frontera sur”.

Unicef señaló que actualmente quedan pendientes de resolución 1.354 determinaciones de edad de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, lo que implica que “hay cientos de niños cuyos procesos de integración no se han podido iniciar, ni se han podido tramitar sus permisos de residencia y/o trabajo”.

Ante esta situación, José María Vera apuntó que “el esfuerzo que han realizado las autoridades canarias ha sido encomiable, pero un sistema saturado genera, inevitablemente, resultados limitados en términos de protección y bienestar de la infancia”.

La agencia de protección a la infancia de la ONU expuso que la cifra de presuntos menores de edad que están siendo atendidos actualmente por el sistema de protección canario asciende, a 31 de enero de 2022, a 2.819, según la Dirección General de Infancia del Gobierno canario. De ellos, sólo 208 han sido trasladados a otras comunidades autónomas.

La cifra de presuntos menores de edad que están siendo atendidos en este momento por el sistema de protección canario asciende, a 31 de enero de 2022, a 2.819, según la Dirección General de Infancia del Gobierno de Canarias. De ellos, solo 208 han sido trasladados a otras Comunidades Autónomas desde que comenzó la crisis.