La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, la diputada de Más Madrid Alicia Torija y la del PSOE Estefanía Suárez registraron la iniciativa que cuenta con el apoyo de la Plataforma Cívica ‘Luz Ya para la Cañada Real’.

Alejandra Jacinto explicó que “es una proposición no de ley para exigir que cese la vulneración sistemática de derechos humanos que se está produciendo en la Cañada Real desde hace más de dos años. Un invierno sin luz y sin calefacción ya el año pasado provocó graves problemas de salud en la población más vulnerable de la región. Hoy pedimos que se adopten medidas inmediatas por parte de la Comunidad de Madrid. Necesitamos un Gobierno a la altura que proteja a la población”.

Por su parte, Alicia Torija afirmó que “son numerosos los informes de diferentes instituciones y organismos que advierten que la ausencia de luz ocasiona problemas graves que se acrecientan en personas vulnerables en cuestiones como la salud, la salud mental, los cuidados, la seguridad, vivienda o educación. En Cañada Real llevan 776 días sin luz y hay más de 4000 personas, entre ellas niñas, niños y adolescentes, en esta situación. Por eso, creemos que es urgente adoptar todas las medidas posibles con el fin de evitar daños irreparables a la integridad de estas personas que no tienen un acceso adecuado a la electricidad”.

Entre otras medidas, la iniciativa exige al Gobierno que disponga de los medios necesarios para que las familias afectadas tengan acceso cuanto antes a la energía mediante la instalación de generadores, placas fotovoltaicas o cualquier otro sistema alternativo. Además, reclama que se faciliten los acondicionamientos necesarios para el acceso a contratos normalizados de suministro eléctrico de las familias; que se constituya la mesa de seguimiento con representación vecinal, y facilitar los recursos de asistencia sanitaria y social necesarios para atender las urgencias sanitarias ocasionadas por la falta de suministro eléctrico, habilitando, además, recursos que garanticen la educación adecuada de los niños, niñas y adolescentes.

Por último, exige poner coto a los movimientos de tierras incontrolados en la zona sin asfaltar y realizar una evaluación del impacto ambiental que han supuesto, así como abrir los caminos y liberar de residuos las zonas aledañas a las viviendas, “cesando con el hostigamiento a sus residentes”.