El Tribunal Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por revelación de datos del caso que afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por delitos de fraude fiscal. Además, estableció una indemnización al empresario de 10.000 euros por daños morales.

En un comunicado de prensa, la asociación explica que ha decidido “dar este paso excepcional, que nunca antes había sido necesario en democracia, porque el caso presenta problemas estructurales que afectan no solo a los derechos del afectado, sino al funcionamiento de la justicia en España y a la confianza pública que la sostiene".

La UPF asegura que los hechos observados "no son meros desacuerdos jurídicos", sino "anomalías que comprometen la independencia judicial" y creen que puede dar la impresión de "una aparente falta de imparcialidad", y añaden que la relatora de la ONU está mandatada para "supervisar, prevenir y denunciar situaciones que puedan suponer ataques directos o indirectos a la independencia de fiscales y jueces".

Destaca la UPF que durante el proceso se produjo una "acumulación de funciones decisivas en un círculo reducido de magistrados", que tomaron decisiones sobre la admisión de las querellas, la valoración de indicios, la instrucción, la revisión de los recursos y el enjuiciamiento.

También pone el foco sobre el adelanto del fallo a pocos días de finalizar el juicio sin "motivación" aparente sin que dos semanas después se conozca la sentencia, y advierte que “ninguna justicia democrática admite que una persona sea declarada culpable sin conocer los fundamentos jurídicos que lo explican" porque esas prácticas afectan directamente “al derecho de defensa, la transparencia y la confianza en las instituciones".

También denuncia la UFP que en la instrucción se llevaron a cabo "medidas extremadamente invasivas", como la entrada y registro de la Fiscalía General del Estado, durante las cuales se realizó un “volcado masivo de datos personales del investigado” de casi ocho meses, “pese a que los hechos investigados se limitaban a 48 horas".

La Asociación hace también referencia a los "comportamientos públicos impropios" de tres magistrados del tribunal que juzgó a García Ortiz y que impartieron un curso en la sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), una de las acusaciones particulares en la causa contra el fiscal general, durante los días en que se estaba deliberando la sentencia.