En un comunicado, la UFP considera que no conocer esa argumentación ocho días después de publicarse el fallo produce al condenado "una grave inseguridad jurídica y un daño institucional y personal difícilmente reparable”.

Dice esa nota que quien es condenado sin conocer los fundamentos de la condena queda expuesto ante la sociedad "en una situación que solo puede describirse como una forma de violencia institucional" y que la falta de fundamentación jurídica de la decisión somete tanto a la sociedad como al afectado a “un estado de incertidumbre incompatible con el funcionamiento regular de la justicia en democracia”.

La asociación progresista sostiene que la sociedad tiene derecho a conocer por qué se condena y "cuando la motivación se dilata durante días o semanas, se debilita la confianza pública, se enturbia el debate democrático y se alimentan sospechas que perjudican a todas las instituciones".

Por ese motivo, la UFP exige conocer ya la sentencia ya que "solo así podrá restablecerse la normalidad institucional, garantizarse el derecho del afectado y ofrecerse a la ciudadanía la información necesaria para comprender una resolución de tan extraordinaria trascendencia".

Insiste la UPF en que en este caso "está en juego la presunción de inocencia en su máxima intensidad" y adelantar el fallo sin la motivación "priva al condenado y a la ciudadanía de conocer las razones de la condena y rompe los estándares democráticos de transparencia y justicia".

Reconoce la asociación a la que perteneció García Ortiz que no estamos ante un litigio ordinario, sino ante la primera causa penal en la historia contra un fiscal general del Estado en ejercicio, lo que “exige estándares reforzados de motivación, transparencia y respeto a las garantías, no procedimientos abreviados ni prácticas propias de asuntos de naturaleza completamente distinta".

Y concluye que la motivación de esta sentencia es lo que permitirá controlar la racionalidad de una decisión, verificar el respeto al derecho fundamental a la presunción de inocencia y asegurar que una condena se dicta conforme a la ley, "no a percepciones externas ni a presiones mediáticas o políticas".