En concreto, Universitaris se refiere a las sentencias 1836/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y 1536/2022 del Tribunal Supremo que condenan, respectivamente, a la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y a la Universidad de Barcelona (UB) por vulneración de los derechos a la libertad ideológica, a la libertad de expresión, y a la educación, en procedimientos iniciados por varios profesores integrantes del colectivo Universitaris per la Convivència.

"El detonante de los procedimientos contencioso-administrativos de defensa de los derechos fundamentales que han dado lugar a estas sentencias fueron sendos manifiestos partidistas de los claustros de ambas universidades: el de la UPC, cuestionando las actuaciones sancionadoras del Tribunal de Cuentas contra los profesores Andreu Mas-Colell y Albert Carreras; y el de la UB, relativo a la sentencia del procés", remarcó la organización universitaria en una nota.

En este caso, recordó que, además, se trataba de un manifiesto conjunto que, de manera coordinada, habían presentado en 2019 claustrales en todas las universidades públicas catalanas, "entregándolos después (una vez aprobados y a modo de trofeo, con convocatoria de prensa incluida) a los presidentes de la Generalitat, Joaquim Torra, y del Parlament, Roger Torrent".

"En la medida en que estos manifiestos vinculan a toda la comunidad universitaria, y al ser desoídas las peticiones de diversos claustrales de Universitaris per la Convivència para que se retirasen, este colectivo decidió emprender acciones judiciales por considerar inaceptable que nuestras universidades intenten fijar una especie de pensamiento oficial (claramente alineado con el poder político), vulnerando de este modo los referidos derechos en una acción que de ningún modo queda cubierta por la autonomía universitaria, tal como ambas sentencias se encargan de recalcar", expuso Universitaris.

El colectivo aseguró también este lunes que "la gravedad de estos hechos, constatada una y otra vez" por los tribunales, les ha llevado a pedir en una carta que cese cese "la sistemática conculcación de derechos que, por motivos ideológicos, se repite constantemente en nuestros campus". La misiva será enviada a los rectores de las universidades públicas catalanas, a la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), al Consejero de Universidades del Gobierno catalán, al Ministro español de Universidades, al Defensor del Pueblo español y a la Síndica de Greuges de Cataluña.