El estudio sitúa al Tercer Sector como un “actor estructural” del sistema social y económico madrileño, tanto por su capacidad de atención social como por su impacto en empleo y actividad económica, tal y como precisó la entidad en un comunicado.

En él destacó algunos de los datos que aporta el informe, como las 745.096 personas atendidas directamente en un año, las más de 2,5 millones de intervenciones sociales realizadas, los 55.310 puestos de trabajo directos y 81.305 indirectos vinculados al sector y los 3.795 millones de euros de impacto económico anual, equivalente aproximadamente al 1,2% del PIB de la Comunidad de Madrid.

“Las cifras reflejan que las ONG no solo desarrollan labores asistenciales, sino que constituyen una red esencial que sostiene la cohesión social, genera empleo estable y contribuye de forma directa a la economía regional”, abundó.

SECTOR ESENCIAL

Las organizaciones del Tercer Sector atienden a personas mayores, infancia, personas con discapacidad, familias en situación de vulnerabilidad, personas sin hogar o con adicciones, entre otros colectivos y su actividad permite llegar a ámbitos donde la intervención pública o el mercado “no alcanzan con la misma rapidez o proximidad”, según recordó la plataforma.

El estudio pone además de manifiesto que el sector tiene un fuerte componente social y laboral, ya que es uno de los principales generadores de empleo femenino y desarrolla políticas internas de conciliación y bienestar laboral en la mayoría de las entidades.

Según el presidente de la Plataforma del Tercer sector en Madrid, Mariano Casado, estos datos “avalan” la necesidad de impulsar de manera “prioritaria” el desarrollo normativo de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, incluyendo la regulación del Concierto Social, con el fin de garantizar una relación estable, transparente y orientada a resultados entre la administración y las entidades del Tercer Sector.

También, de promover la aprobación de una Ley del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, que reconozca formalmente su función de interés general, ordene su relación con los poderes públicos, establezca garantías para su participación en las políticas sociales y facilite su sostenibilidad y fortalecimiento institucional.

En paralelo, urgió a elaborar leyes sectoriales complementarias (voluntariado, discapacidad, inclusión, entre otras) que profundicen en el reconocimiento de la especificidad del Tercer Sector y refuercen su papel como agente clave en el ecosistema social madrileño.

Por último, abogó por consolidar espacios estables de diálogo con la administración autonómica, como la Mesa de Diálogo Civil, que permita abordar de manera compartida y estable la construcción y revisión del marco normativo que afecta al Tercer Sector, garantizando la participación efectiva de las entidades en todas las fases del proceso.

Por ello, con motivo del Día Mundial de las ONG, la Plataforma solicita el reconocimiento social del sector acompañado de políticas públicas acordes a su “impacto real”.