La asociación explicó que es una fiscal con una trayectoria de 35 años de ejercicio “muy respetada dentro de la judicatura, la fiscalía y la abogacía y cuya designación supone depositar la confianza en una fiscal de “acreditada solvencia técnica y una trayectoria marcada por el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales".

Tras reconocer que la carrera fiscal está en un momento “delicado”, la asociación progresista defiende la “personalidad, el liderazgo sereno y la solvencia jurídica” de la fiscal designada por el Gobierno.

Para la UPF, Peramato tiene “virtudes” muy destacadas para ocupar el puesto y desde ahí defender “la legalidad, los derechos de la ciudadanía, y muy especialmente de todas las víctimas” a la vez que tratará de recuperar la confianza de los ciudadanos en la Fiscalía.