“Esta práctica no es un error administrativo, es un fraude que se cuantifica en más de 120 millones de euros anualmente, y que, además de vulnerar los derechos laborales de las personas trabajadoras, impacta negativamente en la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social”, denunció UPTA en un comunicado.

La organización demandó que la solicitud de la tarifa plana estatal en la cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se acompañe de la acreditación documental de una actividad económica “planificada, real y viable”.

A su juicio, cuando no es así, “las consecuencias son graves, puesto que se vulneran los derechos laborales de quienes sostienen el servicio día a día y se reducen los recursos económicos de la Seguridad Social, que podrían destinarse a mejorar las prestaciones sociales de las personas trabajadoras autónomas y garantizar pensiones “dignas” a quienes actualmente reciben las más bajas.

Por ello, exigió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que imponga a las empresas que realizan en estas prácticas irregulares la obligación de abonar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) las diferencias de cotización en el RETA derivadas de la aplicación indebida de la tarifa plana.

Asimismo, reclamó que las comunidades autónomas reclamen la devolución de las ayudas públicas asociadas, como la ‘cuota cero’, cuando se hayan concedido de forma improcedente, y defendió que estas bonificaciones se destinen exclusivamente a quienes realmente las necesitan y puedan justificarlas.

Con todo, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, declaró que, “con estas conductas, no solo se explota al trabajador, sino que también se socava la protección social de todos”.

“Las plataformas deben asumir su responsabilidad y cumplir con la ley. La justicia social y la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social no pueden seguir siendo víctimas de estas prácticas”, concluyó Abad.

Este jueves, Uber Eats comunicó que deja de colaborar con autónomos en en su tarea de reparto, tras un conflicto abierto por parte del Ministerio de Trabajo para que dicha empresa cumpliera la 'ley rider', aprobada en 2021 con el acuerdo de sindicatos y de la CEOE. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se felicitó por la decisión y manifestó que se van a aflorar unos 50.000 empleos en España y unos 100 millones de euros.