Así lo manifestó UPTA en un comunicado, en el que explicó que están manteniendo contactos con una organización del sector, Unipromel, y están pudiendo conocer la “precaria situación que atraviesan miles de autónomos y autónomas de la sanidad, que ejercen especialidades como la Oftalmología, Pediatría, Medicina Familiar, Podología o Dermatología, entre otras muchas, profesionales que trabajan para las compañías de seguros sanitarios o clínicas que les someten a condiciones económicas vergonzosas”.

“La gravedad de esta situación es una prueba más de que para estas grandes empresas solo interesa la cuenta de resultados económicos, sin importarles someter a condiciones indignas a estos profesionales de la sanidad”, aseveró UPTA.

Según esta organización de autónomos, los datos que posee son “asombrosos” desde el punto de vista económico, ya que en los últimos 30 años apenas han subido los precios de los servicios médicos ejercidos por estos profesionales.

En concreto, y de acuerdo con los datos que expuso UPTA, la retribución que percibe el facultativo por la primera consulta que presta al asegurado prácticamente no ha variado en este periodo. En el año 1990 percibían en torno a las 2.500 pesetas (15€), y más de treinta años después perciben de media 18 euros, bajando tan solo a ocho euros en el caso de las consultas sucesivas de Medicina General e incluso, en el caso de las especialidades de Fisioterapia o Podología, apenas llega a los siete euros.

Además, denunció que unos 50.000 profesionales de las distintas especialidades médicas trabajan en exclusiva para las compañías aseguradoras o para grandes clínicas privadas. En muchos de esos casos, los profesionales son falsos autónomos que trabajan en condiciones precarias y con una evidente falta de seguridad jurídica que, además, son indirectamente causantes de competencia desleal con los profesionales que prestan sus servicios médicos en pequeños centros de titularidad propia.

“Esta situación, que debiera ser denunciada por los colegios profesionales correspondientes, lleva años siendo silenciada sin que en ningún momento los más de 132.000 afiliados al RETA de este sector, y los aproximadamente 26.000 mutualistas, puedan actuar al respecto”, apuntaló UPTA.

“Desde nuestra organización, en colaboración con Unipromel, estamos dispuestos a terminar con estas prácticas que lo único que ponen de manifiesto es que para las empresas aseguradoras con seguros de salud y para los grandes emporios con centros hospitalarios, la sanidad, aunque sea privada, no puede ser mercantilizada. Lo único en lo que piensan los consejos de dirección de estas sociedades es en la cuenta de resultados, sin importar en ningún momento las condiciones laborales de los facultativos, aunque ello implique bajar la calidad asistencial a través de la explotación de miles de profesionales de la salud”, declaró el presidente de UPTA, Eduardo Abad.