Este comité considera que la norma "acumula meses de retraso y que algunos de los borradores conocidos contienen aspectos que debilitan los avances previstos en la legislación comunitaria". Además, señaló en un comunicado que el proyecto normativo "suma largos meses de tramitación sin que exista por el momento una perspectiva cercana de aprobación y entrada en vigor".

La entidad recordó que la regulación nacional de las tarjetas europeas de discapacidad y estacionamiento deriva de la directiva europea aprobada en 2024 sobre estas materias. Asimismo, indicó que España se había marcado, a petición del sector social de la discapacidad, el objetivo de convertirse en el primer país en incorporar esta normativa comunitaria a su ordenamiento jurídico, una aspiración que, a juicio de la plataforma representativa, "podría verse comprometida por los retrasos acumulados".

Además de una mayor celeridad en la tramitación, el Cermi pidió al Ministerio de Derechos Sociales una "voluntad real de acuerdo con el sector social de la discapacidad" en los aspectos que considera esenciales del futuro real decreto.

CUESTIONES INASUMIBLES

Según la organización, los borradores conocidos hasta ahora "incluyen cuestiones que considera inasumibles porque debilitan algunos de los mandatos recogidos en la directiva europea o empeoran la normativa española preexistente".

El Cermi reclamó que el futuro real decreto establezca una relación abierta y detallada de los ámbitos en los que la tarjeta europea de discapacidad producirá efectos. Asimismo, exigió que esta tarjeta se aplique a todas las situaciones legales de discapacidad, incluidas las equiparaciones reconocidas por el ordenamiento de la Seguridad Social y por la normativa sobre autonomía personal y atención a la dependencia.

Por último, la plataforma representativa de la discapacidad pidió que la futura regulación garantice con carácter general la gratuidad del estacionamiento en zonas reguladas como la ORA para los titulares de la tarjeta europea de estacionamiento en aquellos municipios españoles que no tengan reconocido de forma expresa ese derecho.