Durante su intervención en la XXVI Conferencia de Presidentes que se celebra en La Palma, Urkullu se sumó al “más firme rechazo” de Euskadi a la “agresión unilateral y la invasión” de Ucrania por parte de Rusia. “Hoy lo urgente e importante es mostrar la disposición del Gobierno, las instituciones y el tercer sector social vasco a participar en las iniciativas de solidaridad”, proclamó.

Señaló que en el País Vasco aún no disponen de información sobre previsiones de llegada de personas desplazadas, “algo lógico dadas las circunstancias”. Y, en este contexto, lamentó que “se mantiene la incertidumbre sobre la cobertura jurídica para la acogida de menores sin referente familiar”.

Además, el lehendakari añadió que es preciso definir el mecanismo que el Estado empleará para garantizar la ayuda económica básica para la subsistencia de las personas refugiadas.

“Somos conscientes y comprendemos la complejidad de la tarea”, comentó Urkullu, pero no obstante, “queremos dejar constancia de la urgencia que tiene clarificar estas cuestiones para ofrecer una respuesta adecuada y eficaz”.

En todo caso, “a pesar de la falta de información, hemos primado nuestro deber de tener prevista y provista una respuesta humana y humanitaria". "Hemos definido un marco básico de acogida que iremos adaptando y nuestra premisa básica es la colaboración interinstitucional y social”, apostilló.

PLAN DE RECUPERACIÓN

El lehendakari constató que la invasión de Ucrania ha desencadenado en un “escenario de incertidumbre global”, por lo que esta situación “está influyendo negativamente en las expectativas de crecimiento y generación de empleo”.

Urkullu apuntó que en el País Vasco las preocupaciones comunes para la actividad económica e industrial son el incremento de precios de materias primas y energía; el encarecimiento de la financiación; el impacto negativo en las inversiones y el comercio global, o las ejecuciones de avales correspondientes a contratos firmados en Rusia, mientras que las preocupaciones específicas son la falta de materiales, desajustes y rupturas en las cadenas de suministro o problemas logísticos.

“Nos encontramos en una situación de emergencia energética, cuya duración se desconoce, que afecta a la actividad económica y también a los hogares”. Por ello, consideró que “es necesario adoptar medidas en todos los ámbitos: eficiencia energética; acelerar las infraestructuras de energía renovable; avanzar en la generación de energías limpias”.

Ante esta situación, el lehendakari solicitó la adopción de medidas “coordinadas, ágiles y contundentes” por parte del Gobierno de España y la Unión Europea “para mitigar el impacto de esta situación primero en los hogares, especialmente en aquellos que sufren ya la “pobreza energética” y, en segundo lugar, en la actividad económica, especialmente la industria, el transporte, la agricultura o la pesca.

“Se trata de activar nuevos recursos que permitan mantener la competitividad con respeto a otros países y desacoplar en la Unión Europea el coste de la electricidad del precio de referencia del gas”, indicó.

Por ello, planteó a Sánchez la “necesidad de reflexionar sobre la limitación de nuestras potencialidades en la soberanía energética”. “Quizás es momento de declarar las instalaciones de energía renovable como bienes de interés público para que, bajo estricto cumplimiento de normativa ambiental, puedan ser desarrolladas más rápidamente”, comentó.

Además, apuntó que “urge la creación de una sólida Unión Energética en Europa” que “deberá ser sostenible, flexible y efectiva; estará orientada a alcanzar la seguridad de suministro mediante la cooperación regional y la diversificación de las fuentes de energía”.

Por último, incidió en que la recuperación va a necesitar un nuevo marco que “priorice impulsar la inversión, demorar la subida de los tipos de interés, agilizar el apoyo adicional de los Fondos Europeos, y favorecer la colaboración público-privada”.