Según el proyecto de texto, que cuenta con el apoyo del Gobierno, CCOO, CSI-CSIF, y probablemente de UGT, la Administración podrá trasladar a un trabajador de un edificio a otro con la simple comunicación a los sindicatos en el plazo de tres días. Además, sólo están previstas indemnizaciones si el traslado se produce a más de 50 kilómetros y siempre que efectivamente se cambie de residenci.

Asimismo, la central sospecha que el convenio supondrá también la perdida de importantes derechos reconocidos en los convenios vigentes y prestaciones complementarias en caso de enfermedad, así como la indefinición en las retribuciones, en la clasificación profesional y en la disminución de las vacaciones.

A juicio de USO, el convenio beneficiará sólo a algunas categorías ya que el Gobierno ha destinado 4.000 millones de presupuesto, por lo que la central propone la aplicación de este presupueto mediante un acuerdo marco en el que pervivan los convenios colectivos vigentes, a la vez que anima a los trabajadores, "a no vender sus derechos históricos a precio de saldo".