El pasado 14 de mayo la Comisión Interdisciplinar creada por iniciativa de la Consejería de Cultura y Deporte para analizar las posibilidades de ejecución de la sentencia del TSJ emitió un dictamen en el que anunciaba la solicitud de la inejecución de la sentencia haciendo uso para ello de los mecanismos legales existentes dentro del estado de derecho.

Tomando como base la Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano, según redacción dada por laLey 5/2007, de 9 de febrero, explica la Generalitat en una nota, se plantea la posibilidad de que el proyecto y por tanto la obra de restauración resultante de los arquitectos Grassi y Portaceli pudieran tener en la actualidad cobertura legal.

Además del cambio normativo que haría posible la convalidación de las obras, hay tres razones que, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Interdisciplinar, han llevado a Cultura y Deporte a plantear a través de la Abogacía de la Generalitat el incidente de inejecución.

En primer lugar, la dificultad de ejecución de la sentencia en sus propios términos de acuerdo con los informes técnicos; en segundo lugar, la necesidad de conservar y garantizar la importante función cultural y social que en la actualidad tiene el Teatro Romano de Sagunto; y, por último, la sujeción al principio de eficiencia en el gasto público al que deben someterse las Administraciones públicas.

Con el fin de poder solicitar de la forma adecuada el incidente de inejecución por parte de Cultura y Deporte, la Generalitat ha acordado elaborar el proyecto para evaluar la compatibilidad de lasobras de restauración y rehabilitación realizadas, con la Ley 4/1998, Valenciana del Patrimonio Cultural (reformada por la Ley 5/2007), proyecto que se acompaña como documento al incidente que hoy se ha presentado.