Los 8.000 habitantes de esa localidad manchega permanecen divididos en los últimos años por la diferencia de criterios sobre la posible instalación. Mientras un sector de la población apoya a la mayoría socialista que gobierna el Ayuntamiento, partidaria de la construcción por el revulsivo económico que supondría para la comarca, otros compaten tesis más conservacionistas.

Los organizadores de la movilización han repartido en los últimos meses folletos informativos entre vecinos y visitantes sobre las consecuencias ecológicas derivadas de la presencia del complejo.

Angeles Rodríguez criticó la actitud de la empresa estatal Mayasa, asociada a la multinacional norteamericana Waste Management Incorporated (WMI) para la construcción de la incineradora, capaz de tratar 45.000 toneladas de residuos al año.

La presidenta de la platafoma considera que "la ley nos ampara, porque una planta de estas características hay que ponerla donde se generan los residuos, y aquí ya no creamos este tipo de desechos".

Rodríguez denunció además que WMI ha sido multada en diversas ocasiones en Estados Unidos por cometer diversos atentados ecológicos.

Los responsables de la plataforma, que aseguran haber recogido casi dos mil firmas contra la instalación de la incineradora, están convencidos de que la mayoría de sus vecinos terminarán apoyando a reivindicación.