El pasado 18 de junio, la organización vecinal entregó en la Junta Municipal del distrito de Vicálvaro un total de 1.500 firmas en contra de la construcción de la gasolinera. Ese mismo mes comenzaron las movilizaciones ciudadanas para evitar la puesta marcha de las instalaciones.

El concejal de distrito, Ángel Ramos (PP), recibió a una representación de los vecinos el pasado 24 de junio. Durante el encuentro, Afuveva solicitó la vista completa del expediente para analizar su contenido.

El edil esgrimió en el encuentro que la obra tiene licencia administrativa concedida el pasado 21 de mayo a favor de la empresa Plenergy, anteriormente conocida como Plenoil. La concesión de la licencia es competencia de las autoridades municipales. Ramos aseguró a los representantes vecinales que, aunque a él personalmente no le agrada el proyecto, no está en su mano revertir la autorización, asumiendo que la única vía para su paralización es acudir a la justicia.

Ahora, los vecinos estudian presentar un recurso por la vía contencioso-administrativa en el que pedirían la adopción de la medida cautelarísima de paralización de las obras. Se trata de una medida de urgencia que el juez puede adoptar sin escuchar a la parte contraria por la urgencia de paralizar unos hechos cuyas consecuencias puedan ser graves o irreversibles.

Los vecinos han acudido a un pleno de la Junta de Distrito para expresar su malestar y pedir explicaciones, en el que el equipo del PP volvió a defender la legalidad de las obras. Los grupos de la oposición también han planteado preguntas sobre esta situación.

Además, desde Afuveva se han intentado poner en contacto con la empresa para hacer alegaciones a la instalación de la gasolinera tanto por correo electrónico, como por teléfono, pero ningún representante de Plenergy ha querido responderles. Mientras tanto, las obras continúan pese a que, aseguran, las instalaciones implican la tala de varios árboles que no está autorizada por las autoridades municipales.

La concejala de Más Madrid Cuca Sánchez acudió a la última concentración vecinal y aseguró a Servimedia que la formación está “en contra” de una instalación que implica tener “120.000 litros de combustible bajo los pies” y que el barrio “no necesita”.

Indicó también que desde esta formación han pedido al concejal presidente que convoque una reunión con Pelnergy a la que también puedan asistir los representantes vecinales para plantear alternativas que permitan resolver el conflicto, tales como “la permuta” de esta parcela situada en el centro del barrio, por otra que no esté tan cerca de viviendas, colegios y residencias de mayores. A esta propuesta el concejal Ramos no ha respondido hasta el momento.

Plenergy es el gigante de las gasolineras 'low cost' propiedad de dos fondos de inversión: el estadounidense Tensile Capital, que cuenta con el 50% del capital, y el fondo español Portobello Capital, que tiene el 24%. El resto está repartido entre varios inversores, entre ellos su fundador y CEO, José Rodríguez de Arellano.

Durante el año 2026, la compañía ha puesto en marcha un proyecto de expansión acelerada, con la apertura de 90 nuevos establecimientos. Actualmente la marca ya cuenta con 400 estaciones de servicio en España y una previsión de 2.200 millones de euros de facturación, lo que significará un aumento del 22% respecto del ejercicio anterior.

Plenergy instaló su primera gasolinera en 2015, aprovechando los cambios normativos y el boom de los combustibles de bajo coste, impulsado aún más por la fuerte alza de precios durante la guerra de Ucrania. En la actualidad tiene dos centenares de proyectos en fase de tramitación de licencias.

Los vecinos ponen de relieve su “preocupación” por “los riesgos que suponen este tipo de instalaciones” tan cerca de las viviendas. Señalan también que ya hay tres gasolineras en el barrio. Entre los riesgos destacan la “exposición continua a sustancias tóxicas”; “el aumento del tráfico” en una zona residencial y en una calle estrecha, con poca visibilidad y por la que circulan varios autobuses de la EMT; el impacto medioambiental y acústico; la contaminación lumínica y la agresión ambiental que supondrá la tala de varios árboles en la parcela.

Sin embargo, lo más grave es la cercanía en un radio inferior a 250 metros de un colegio público, una residencia de mayores y varios supermercados, uno de ellos pegado a la nueva instalación. Afuveva pide la “paralización inmediata” de las obras y una evaluación del impacto “en la salud de la población, el impacto en la movilidad urbana y el impacto medioambiental”.