Las viviendas pertenecían a la Fundación la Caixa hasta que se las vendió al fondo Mosaic Propco que ha decidido, según los vecinos no renovarles el contrato de alquiler.

Según explican en un comunicado en estos pisos de apenas 40 metros cuadrados viven "familias monomarentales, jóvenes con rentas bajas, personas con discapacidad, mayores sin otra alternativa habitacional y gente que salió como pudo de la crisis de 2008 y encontró allí una tabla de salvación". Pagan entre 400 y 600 euros al mes por un alquiler que La Caixa presentaba como asequible y con vocación social. Ahora se les dice, según el comunicado que "cuando venzan sus contratos, se acabó" porque o se van "a la calle" o deben "asumir precios imposibles en el mercado libre".

Relatan que estas viviendas nacieron con un fin social y como vivienda protegida. Pero, al expirar su calificación y pasar a precio libre, la Fundación La Caixa decidió venderlas a un fondo buitre que solo ve negocio.

"Consideramos inmoral especular con un bien de primerísima necesidad como la vivienda. Es especialmente grave que una entidad que se presenta como social abandone a 200 familias en manos de un fondo especulativo, sabiendo que la mayoría no puede pagar los alquileres actuales de Madrid. Convertir en mercancía lo que debería ser un derecho es un fracaso de nuestra sociedad, pero sobre todo una decisión política", sostienen las asociaciones vecinales de Villa de Vallecas en su comunicado.

"Esta situación no se daría si en la Comunidad de Madrid las viviendas protegidas tuvieran protección permanente y si las administraciones ejercieran de verdad el tanteo y retracto para impedir que promociones enteras salten del parque asequible al mercado especulativo", aseguran.

Por todo ello exigen al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de España que "actúen de inmediato" y les reclaman que acuerden una operación para que sus empresas públicas, EMVS, AVS y Sepes, adquieran conjuntamente estas viviendas, las integren en el parque público y las mantengan como alquiler asequible, blindando su función social a largo plazo. "No valen excusas ni guerras de competencias", advierten.

Mientras tanto, exigen que se mantengan los contratos actuales de todas las familias de la calle Mazaterón de manera indefinida, sin subidas abusivas ni amenazas de desalojo. "Nadie debería vivir con la angustia de no saber si dentro de unos meses dormirá en su casa o en un recurso de emergencia", aseguran. El próximo 25 de noviembre, las familias de Mazaterón llevarán su problema al pleno del Ayuntamiento de Madrid.