Estos directivos, entre los que figura el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, piden a Bruselas una revisión del actual marco regulatorio de las telecomunicaciones que permita a los grandes de la industria y a las pymes de Europa competir a escala mundial.

“Este nuevo enfoque debería basarse en una revisión de la política del espectro, aceptando la necesidad de escala para evitar la fragmentación del mercado, y en una contribución justa y proporcionada de los mayores generadores de tráfico a los costes de la infraestructura de red”, afirman en el manifiesto.

“Pedimos a los responsables políticos de la UE que garanticen una contribución justa de las empresas que más se benefician de la infraestructura que construimos y explotamos”, añaden. “Este mecanismo debe tener un ámbito de aplicación bien definido y específico que incluya únicamente a los mayores generadores de tráfico, excluyendo a los proveedores de contenidos y aplicaciones más pequeños. También podría incluir un procedimiento de transparencia y rendición de cuentas de las contribuciones recibidas, de tal modo que los operadores inviertan directamente esas contribuciones en la infraestructura digital de Europa”.

A su juicio, esta medida reequilibraría el poder de mercado a lo largo de la cadena de valor, al tiempo que abordaría las asimetrías actuales, toda vez que “hoy en día las grandes empresas tecnológicas prácticamente no pagan por el transporte de datos en nuestras redes, y están muy lejos de cubrir los costes necesarios para ampliar las redes y alcanzar los ambiciosos objetivos de la UE”.

“Mientras los proveedores de telecomunicaciones no pueden negociar precios adecuados por el transporte de datos a través de sus redes, algunos proveedores de servicios cloud cobran a sus clientes hasta 80 veces más por el transporte de datos entre clouds”, señala el documento.

Además, apuntan a Bruselas que actualmente las telecos no tienen ningún incentivo (económico) para reducir el tráfico de datos innecesario, aunque durante la pandemia se demostró que esto era viable. Una regulación para una contribución justa incentivaría un gestión más responsable y eficiente de los datos sin perjudicar la experiencia del cliente, contribuyendo también a los objetivos de la UE sobre el consumo de energía y CO2.

“La Comisión Europea ha dejado claro que cualquier regulación se implementará asegurando el cumplimiento de la regulación de neutralidad de la red. Estamos de acuerdo. Además, cabe destacar que el objetivo de la regulación de Internet abierta es garantizar a los usuarios finales el acceso a Internet sin restricciones”, conlcuye el escrito. “Este objetivo se ve socavado por la falta de capacidad de inversión de los operadores de telecomunicaciones, que pone en peligro el desarrollo de nuevas capacidades de red que permita satisfacer el crecimiento de la demanda de datos. La obligación de negociar con los operadores una contribución justa y proporcionada, con un mecanismo de resolución de conflictos si las negociaciones fracasan, ayudaría a resolver este desafío”.