La proposición no de ley presentada por el PSOE planteaba la financiación pública de los fármacos aprobados en España para la disfunción eréctil a colectivos cuya enfermedad crónica o discapacidad les impide llevar una vida sexual normal. La niciativa contó con el apoyo de los grupos de CiU e IU, y con la abstención del PNV.

Los populares argumentaron, por boca de su diputada Reyes Montseny, que hay que ser prudentes con la incorporación de nuevas prestaciones sanitarias públicas, y abogaron por proseguir con los análisis sobre el coste y los límites de la financiación pública de estos fármacos.

La diputada socialista Isabel López i Chamosa, que defendió la proposición socialista, recordó que tanto diabéticos, como parapléjicos y tetapléjicos o afectados por esclerosis múltiple son personas que no pueden desarrollar una vida sexual normalizada, ni ejercer su derecho a la descendencia.

Además, coincidió con la portavoz de IU, Marisa Castro, en que una sexualidad plena puede ayudar a afrontar mejor sus patologías y tratamientos, "porque mejorar la salud sexual de los españoles, es mejorar la salud pública del país", sentenció Marisa Castro.

El PNV respaldó el inicio de estudios médicos, apoyados por organizaciones científicas,y económicos para precisar la viabilidad de la nueva prestación, aunque reconocieron que es un problema que se debe darse una solución.

EVITAR EL EFECTISMO

La diputada vasca Margarita Uría insistió en que sería muy efectista y bonito apoyar esta iniciativa socialista, pero no sería responsable adoptar una decisión sin un respaldo serio y sin determinar cómo se financia y con qué frecuencia.

Por su parte, el diputado convergente Jordi Martí señaló que el Parlamento no puede dar la espalda a esteproblema y apoyó la proposición, pero añadió que cualquier solución debería ir acompañada por la dotación correspondiente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.